Concluida la disputa judicial en torno al recientemente respaldado Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas por el Tribunal Constitucional, que rechazó los recursos de varias autonomías, ahora se desata una batalla contra el Impuesto de Patrimonio. El PP ha llevado este impuesto también ante el tribunal de garantías, y la patronal catalana Foment del Treball busca elevar el asunto ante la Justicia europea en un recurso contundente, cuyo contenido ha sido revelado por EXPANSIÓN. Los empresarios critican el tributo desde diversas perspectivas, argumentando que ha sido prorrogado por decreto ley, recuperado estructuralmente en los Presupuestos, diseñado de manera confiscatoria, y que vulnera los estándares comunitarios de protección al contribuyente.