La reforma del llamado Impuesto de Plusvalía municipal promovida por el Gobierno el pasado noviembre para mantener vivo un tributo que había quedado anulado por el Tribunal Constitucional amenaza con restarle una cuarta parte de su capacidad recaudatoria original. Así al menos lo han comunicado las grandes corporaciones locales a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que asume que la capacidad normativa que los ayuntamientos tienen en materia fiscal les permitirá compensar el impacto elevando otros tributos si así lo estiman necesario.

«Las grandes entidades locales prevén un efecto en las cuotas de este impuesto de alrededor de un 25%» de aminoración, detalla la Airef en su reciente Informe complementario de evaluación individual de los Presupuestos para 2022 de las corporaciones locales, tras preguntar a las principales corporaciones municipales cuál prevén que sea el impacto de la nueva regulación del Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), como se denomina oficialmente la Plusvalía.

La reforma fue aprobada por real decreto ley el pasado 7 de noviembre después de que el Tribunal Constitucional declarara nulo, por inconstitucional, el método de cálculo del impuesto el pasado 26 de octubre, al considerar que no estimaba adecuadamente el valor de los inmuebles transmitidos. El fallo supuso el tercer y definitivo mazazo judicial al tributo, contra el que Constitucional ya se había pronunciado en 2017, prohibiendo que gravara operaciones cerradas a pérdidas, y en 2019, al dictaminar que el gravamen no podía llegar a superar la ganancia obtenida.

Para solventar estas irregularidades y conservar el tributo, el Ministerio de Hacienda impulsó una reforma exprés del impuesto que introducía dos nuevos métodos de cálculo: uno tradicional, que obtiene la base imponible del impuesto como resultado de multiplicar el valor catastral del inmueble por una serie de coeficientes, y otra nueva basada en la plusvalía realmente obtenida por el contribuyente al vender un inmueble o recibirlo en herencia o donación.

El objetivo de esta modificación era fundamentalmente proteger la principal fuente de ingresos tributarios con la que cuentan los municipios tras el IBI, puesto que la Plusvalía viene dejando una recaudación anual de unos 2.500 millones de euros. A tenor de los primeros análisis efectuados por las corporaciones locales, sin embargo, la capacidad recaudatoria potencial de esta figura habría caído por debajo de los 1.900 millones anuales tras la reforma.

El cálculo manejado por la Airef tiene en cuenta, concretamente, la información que le han entregado las 24 mayores corporaciones locales del país, incluyendo a los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza o Málaga; las diputaciones de Barcelona, Valencia y Sevilla; los Cabildos insulares de Tenerife y Mallorca; o las Diputaciones forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

La pérdida de recaudación ya había sido denunciada, aunque no cuantificada, por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha venido pidiendo al Gobierno mecanismos de compensación. A su vez, grupos políticos como ERC, solicitaron el Ejecutivo que incluyera compensaciones en los Presupuestos Generales del Estado para 2022, sin éxito, y han instado luego a que se añadan durante la tramitación de la reforma como proyecto de ley.

La Airef plantea, sin embargo, que «dado el amplio margen de autonomía financiera de las corporaciones locales, con competencias para actuar sobre los principales elementos tributarios de los impuestos municipales dentro de los márgenes que establece la normativa estatal, la pérdida de recaudación que les va a originar la nueva regulación del IIVTNU podría verse compensada mediante el ejercicio de su capacidad normativa en la materia». En esta línea, ilustra, el Ayuntamiento de Palma ya ha comunicado un incremento del tipo de gravamen de este impuesto para compensar la pérdida de ingresos.

La Plusvalía es además un tributo potestativo que solo aplican cerca de la mitad de los ayuntamientos españoles. La Airef ha detectado, en todo caso, un incremento del 8% en el número de municipios que lo han aplicado de 2006 a 2021. En este periodo, agrega, han aumentado un 40% los municipios que cobran el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. El mayor margen de actuación podría estar en el IBI, sugiere, dado que el tipo medio efectivo está a un 53% de su máximo normativo.

(Expansión, 13-04-2022)