En 2025, más de 11 millones de pensiones experimentarán un incremento mínimo del 2,8%. Este ajuste responde a la evolución de la inflación media anual, que se calcula tras conocerse el avance del IPC de noviembre. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios subieron un 2,4% en términos interanuales, lo que representa un aumento de seis décimas respecto al mes anterior, impulsado principalmente por los costos de carburantes y electricidad. Este índice es crucial para determinar la revalorización de las pensiones, cuya fórmula se basa en la media de la inflación anual entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024, situándose provisionalmente en el 2,8%. Aunque este dato no es definitivo, suele variar poco respecto al dato oficial que el INE publicará a mediados de diciembre.

Este incremento del 2,8% implicará, de media, un aumento de unos 600 euros anuales para quienes reciben una pensión de jubilación media y alrededor de 500 euros para las pensiones medias del sistema. Se beneficiarán de este ajuste los 9,3 millones de personas que perciben las 10,3 millones de pensiones contributivas, así como los 720.148 beneficiarios del Régimen de Clases Pasivas del Estado, quienes también verán sus prestaciones ajustadas según este índice.

Además, los pensionistas que reciban pensiones mínimas o no contributivas podrían experimentar un aumento superior, siempre que el Gobierno apruebe una medida que sigue la recomendación 15ª del Pacto de Toledo. Esta sugiere que las pensiones más bajas se incrementen en mayor medida, como ocurrió en 2024, cuando las pensiones generales subieron un 3,8% y las mínimas y no contributivas aumentaron un 6,9%.

Este ajuste será el tercero en el que las pensiones se revalorizan en función de la evolución de los precios, una medida destinada a proteger el poder adquisitivo de los pensionistas. En 2022, el aumento fue del 2,5%; en 2023, durante la crisis inflacionaria, se incrementaron un 8,5%; y en 2024, el incremento fue del 3,8%. Aunque el coste exacto de la revalorización para 2025 se conocerá cuando se confirme el IPC de noviembre, se estima que este ajuste implicará un gasto cercano a los 6.000 millones de euros, sin contar el posible incremento adicional para las pensiones mínimas y no contributivas.

Este ajuste también afectará a la pensión máxima, que pasará de 3.174 euros mensuales (en 14 pagas) a aproximadamente 3.300 euros, y a la base máxima de cotización, que alcanzará los 5.000 euros mensuales (60.000 euros anuales). Además, se mantendrán las reformas del sistema de pensiones iniciadas en 2011, como el aumento progresivo de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027 y las nuevas exigencias para acceder al 100% de la pensión.

En 2025, la edad legal de jubilación será de 66 años y 8 meses para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses. Los que hayan cotizado más tiempo podrán jubilarse a los 65 años. Para acceder a una pensión pública, será necesario haber cotizado al menos 15 años, de los cuales al menos dos deben ser dentro de los últimos 15 años antes de la jubilación. Con 15 años cotizados, se tendrá derecho al 50% de la base reguladora, y para alcanzar el 100% será necesario haber cotizado al menos 36 años y 6 meses, requisito que aumentará a 37 años en 2027.

A partir de 2026, se aplicará de manera gradual un nuevo sistema para calcular la base reguladora, permitiendo elegir entre los últimos 25 años cotizados o los 29 años excluyendo los dos peores años, con el objetivo de beneficiar al trabajador.