El Ministerio de Hacienda está analizando una serie de nuevas medidas para implementar en el futuro con el objetivo de fortalecer la lucha contra el fraude fiscal, aunque esto implicaría un aumento en el control sobre los contribuyentes. Entre las propuestas se encuentra la posibilidad de requerir información detallada de todos los pagos realizados con cualquier tipo de tarjeta, la prohibición de tarjetas no nominativas, la intensificación del acceso a terminales de pago electrónico, la focalización en aquellos que realicen cambios de divisa, e incluso la exigencia de un certificado notarial a los donantes para verificar que están al día con sus pagos a Hacienda.

Estas propuestas se encuentran detalladas en el documento “Evaluación de los efectos de la ley contra el fraude fiscal”, recién finalizado por el Ministerio y que forma parte de los compromisos acordados con la Unión Europea para recibir ayuda del programa Next Generation. El informe, de 44 páginas y al que EXPANSIÓN ha tenido acceso, se concentra en analizar los impactos positivos de la reforma antifraude aprobada en el verano de 2021. Sin embargo, en su sección final, el documento del Ministerio de Hacienda presenta una serie de propuestas de diversas índoles y relevancias que podrían contribuir a la reducción del fraude fiscal al mejorar la lucha contra el mismo.

En primer lugar, se plantea la posibilidad de establecer una nueva obligación de información en materia de declaraciones, exigiendo datos detallados sobre operaciones realizadas con todo tipo de tarjetas. También se contempla ampliar el grupo de entidades obligadas a suministrar información, como las de dinero electrónico, las de pago, y las sucursales de entidades extranjeras que operen en España, con la obligación de identificar al titular real de cuentas y operaciones.

Adicionalmente, Hacienda considera la prohibición de tarjetas y otros medios de pago no nominativos, vetar la aceptación de tarjetas de entidades ubicadas en paraísos fiscales, y exigir la identificación del titular de tarjetas extranjeras al retirar dinero de cajeros en España.

En paralelo, se evalúa la opción de dificultar el acceso a los terminales de punto de venta (TPV) para el cobro con tarjetas, requiriendo que los titulares estén dados de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y cuenten con un certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias. En otro ámbito, el Ministerio también contempla reducir el límite de 50.000 euros a partir del cual los movimientos de divisas deben ser automáticamente reportados a la Agencia Tributaria.

Además, se examina la posibilidad de fortalecer la colaboración con fedatarios públicos como medida preventiva contra el fraude tributario, especialmente aquel que se realiza a través de negocios jurídicos simulados o fiduciarios. Se destaca la propuesta de exigir a los fedatarios públicos un certificado de estar al corriente en el pago de obligaciones tributarias a los donantes, con el fin de evitar donaciones de contribuyentes morosos. También se plantea que los notarios emitan documentos públicos sobre operaciones societarias que muestren una distribución extraordinariamente desproporcionada y anómala del capital de la sociedad.
(Expansión, 31-01-2024)