El Ministerio de Hacienda presenta un anteproyecto de ley para consultar al público. Esta, tiene el fin de adaptar la legislación española a la Directiva europea sobre cooperación administrativa en materia fiscal (DAC 8). Este proyecto incluye varias reformas a la Ley General Tributaria y pretende ajustar la regulación de los plazos de prescripción tributaria a la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo. Sin embargo, se ha señalado que estas modificaciones podrían dar más poder a la Administración en la gestión de dichos plazos, en lugar de simplificarlos.

El abogado fiscalista Esaú Alarcón ha comentado que la reforma parece diseñada para eludir las sentencias del Tribunal Supremo, permitiendo que Hacienda decida sobre los plazos de prescripción. Entre los cambios propuestos, se destaca que el plazo de prescripción de cuatro años para exigir el pago de una deuda comenzaría a contar solo después de que finalice el periodo voluntario que Hacienda otorga al responsable, lo que en la práctica puede extender considerablemente este plazo.

Además, se introduce una nueva regulación que permitiría la suspensión del plazo de prescripción para quienes aún no han sido declarados responsables, algo que contraviene lo establecido por el Tribunal Supremo. Alarcón considera que esto afecta la equidad entre la Administración y los contribuyentes. Por último, se aclara que el plazo de prescripción para declarar la responsabilidad de una deuda es de cuatro años, comenzando desde el final del periodo de pago voluntario o desde el momento en que surja la responsabilidad, lo cual no ha generado controversia.