El gasto público destinado a pensiones, sueldos del personal publico, prestaciones por desempleo y de IMV superó el pasado año los 348 mil millones de euros. Son 16,3 millones de personas los que se benefician de estas transferencias. Estas suponen un tercio de la población española e igualan prácticamente al número de autónomos y asalariados.

El gasto público aumenta cada año. El numero de jubilados crece anualmente. La suma de este colectivo asciende a los 9,2 millones que perciben en paga mas de 10 millones. Al año, el pago de estas pensiones supone 170.800 millones.

Pensionistas, parados y trabajadores públicos

La previsión no es demasiado alentadora. La Comisión Europea estima que, con el retiro de la generación del baby boom, el gasto en pensiones aumentará del 13% al 16-17% del PIB. Este aumento se debe a que el número de pensionistas ascenderá a 16 millones. Respecto a los trabajadores del sector público, se prevé aumentar el gasto que actualmente ya supera los 152.000 millones. 

Estos dos sectores incrementaron el gasto publico en unos 25.000 millones en 2023. Actualmente, pensiones y sueldos de funcionarios representan más de 320.000 millones de euros. Suponen así el 93% del gasto público en estas ayudas y compensaciones salariales. En 2024 se prevé que el gasto sume 10.100 millones. Esto hará que la factura ascienda a más 330.000 millones de €.

Actualmente son casi 1,8 millones de parados con derecho a ayuda por desempleo. El gasto es de casi 21.800 millones en 2023. En adición, unos 20 mil autónomos solicitaron la prestación por cese de actividad el año pasado, representando un desembolso de otros 7.600 millones de euros.

La brecha entre las nóminas públicas y el número de trabajadores del sector privado tuvo su punto de inflexión en 2008. Entonces había más nóminas privadas que públicas. Las sucesivas crisis desequilibraron la balanza a favor de las nóminas públicas. En 2013 había 14 millones de personas que dependían del Estado frente a 11 millones del sector privado. Actualmente, hay 14,5 millones de ‘nóminas públicas’ y 17,7 millones de asalariados y autónomos.