El Gobierno de la Generalitat de Cataluña, bajo la dirección de Salvador Illa, avanza en la implementación del modelo de financiación singular pactado con ERC y está explorando nuevas formas de reforzar la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC). Entre las opciones más destacadas, se encuentra la propuesta de fichar a inspectores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), especialmente aquellos destinados en la región catalana.

En la actualidad, la ATC cuenta con una plantilla de 852 empleados, de los cuales solo el 34,2% pertenece a cuerpos especializados en la gestión y fiscalización tributaria. Frente a los cerca de 5.000 efectivos que la AEAT tiene en Cataluña, incluyendo más de 1.600 técnicos y 498 inspectores, las cifras de la ATC se consideran insuficientes para afrontar sus crecientes competencias y objetivos.

El president Illa y la consellera de Economía, Alícia Romero, han propuesto un ambicioso plan para cuadruplicar la plantilla de la ATC, alcanzando entre 4.000 y 5.000 efectivos. Sin embargo, la contratación masiva de nuevos empleados mediante convocatorias públicas es vista como una tarea difícil y lenta. Ante esta situación, el Govern está evaluando mecanismos legales e incentivos para atraer a inspectores de la AEAT, aunque este enfoque se enfrenta a obstáculos jurídicos importantes.

Uno de los principales desafíos radica en la imposibilidad legal de transferir inspectores de la AEAT a la ATC, según un fallo del Tribunal Supremo en 2015. Además, la Generalitat necesita reforzar su personal rápidamente si quiere asumir la gestión completa del IRPF a partir de 2026, como se establece en el pacto entre PSC y ERC.

A pesar de las dificultades, la propuesta de captar inspectores de la AEAT ha generado controversia. Organizaciones como Gestha han calificado la medida de “irrealizable”, mientras que IHE, la asociación de inspectores, ha expresado su rechazo frontal, anunciando medidas legales para evitarlo. La iniciativa también ha sido criticada por considerarse incompatible con el actual marco jurídico español.

Con los presupuestos autonómicos aún pendientes debido a la situación interna de ERC, el futuro de esta estrategia sigue siendo incierto, pero lo que parece claro es que la Generalitat busca una solución rápida y eficaz para hacer frente a sus nuevos desafíos fiscales.