Concluida la disputa judicial en torno al recientemente respaldado Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas por el Tribunal Constitucional, que rechazó los recursos de varias autonomías, ahora se desata una batalla contra el Impuesto de Patrimonio. El PP ha llevado este impuesto también ante el tribunal de garantías, y la patronal catalana Foment del Treball busca elevar el asunto ante la Justicia europea en un recurso contundente, cuyo contenido ha sido revelado por EXPANSIÓN. Los empresarios critican el tributo desde diversas perspectivas, argumentando que ha sido prorrogado por decreto ley, recuperado estructuralmente en los Presupuestos, diseñado de manera confiscatoria, y que vulnera los estándares comunitarios de protección al contribuyente.

La principal organización empresarial de Cataluña, presidida por Josep Sánchez Llibre, vicepresidente de la CEOE, censura un tributo de gran relevancia en la región. Según datos de la Agencia Tributaria correspondientes a 2021, el Impuesto de Patrimonio recauda 1.352 millones de euros de los 201.775 mayores contribuyentes del país. En un contexto de bonificaciones fiscales al 100% en Madrid y Andalucía, el 44% de los ingresos efectivos y el 41% de los contribuyentes provienen de Cataluña. La factura media anual también es mayor en la región, alcanzando los 7.112 euros frente a los 6.702 euros del resto del país.

La batalla legal está en manos del bufete Crowe, con sede en Barcelona y Madrid, que ha presentado un recurso de 96 páginas ante la Audiencia Nacional, señalando hasta ocho causas de nulidad, impugnación o inconstitucionalidad del Impuesto de Patrimonio. En primer lugar, Foment critica el uso indebido del decreto ley para prorrogar el impuesto, que fue suspendido en 2008, recuperado temporalmente desde 2011 y extendido anualmente por diversos gobiernos, utilizando una figura legal no permitida para alterar tributos.

En segundo lugar, la patronal cuestiona la recuperación estructural del impuesto introducida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, a pesar de las restricciones constitucionales en materia fiscal. Ambos factores, según Foment, dejan en duda la vigencia efectiva de un tributo que ha sido anulado, recuperado temporalmente y luego reinstaurado. Además, el recurso también señala como inconstitucional el sistema de valoración de inmuebles utilizado por el Impuesto de Patrimonio, que ya fue cuestionado por el Constitucional en 2006.

Sin embargo, el principal argumento de la patronal catalana es que el llamado escudo fiscal español es confiscatorio. Se refiere al artículo 31 de la Ley del Impuesto de Patrimonio, que establece que las cuotas conjuntas de este tributo y del IRPF no pueden exceder el 60% de las bases imponibles del Impuesto de la Renta. A partir de ahí, se aplica una reducción que, según Foment, introduce un “pernicioso efecto confiscatorio” y vulnera la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). La Corte de Estrasburgo considera confiscatorio un gravamen que supere el 50% de la renta del contribuyente, según el Convenio de Roma de Derechos Humanos, algo que ocurre con el escudo fiscal español.

El recurso ha sido aceptado a trámite por la Audiencia Nacional, que espera la respuesta del Abogado del Estado. Foment confía en que los magistrados rechacen el diseño de Patrimonio aplicando la jurisprudencia de la Justicia europea o lleven las causas de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. En caso de desestimación, la patronal tiene la opción de acudir directamente a Estrasburgo. “Tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, los operadores jurídicos dan por descontado que el Constitucional, por razones jurídicas y metajurídicas, fallará a favor de la constitucionalidad del impuesto” de Patrimonio, asume Jordi de Juan, responsable del recurso como socio del área fiscal de Crowe. De Juan, abogado del Estado en excedencia y doctor en Derecho, asegura que “el recurso contencioso de Fomento del Trabajo tiene una mayor amplitud y recorrido” que puede propiciar su éxito apelando a Europa.

(Expansión, 11-12-2023)