Nueve CCAA apoyan el plan de Hacienda de armonizar la fiscalidad autonómica

Las regiones que secundan la iniciativa del comité de expertos duplican a las que se oponen a ella sea frontal (Madrid, Andalucía y Murcia) o parcialmente (Galicia y Castilla y León). Cada comunidad ha hecho llegar sus propias propuestas para modular la reforma tributaria. El comité de expertos elegido por Hacienda para elaborar el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria ha propuesto fijar «límites mínimos de gravamen efectivo» en los impuestos de Patrimonio y Sucesiones y Donaciones comunes a todas las autonomías del régimen común.

A falta de ver cómo puede acabar afectando al calendario reformista español la convulsión económica que ha desatado la invasión rusa de Ucrania, la propuesta supone el pistoletazo de salida para poner en marcha el compromiso ya alcanzado por el Gobierno con Bruselas de impulsar una «armonización de la tributación patrimonial» que evite «la competencia fiscal perjudicial entre las comunidades» en el arranque de 2023. El Libro Blanco, sin embargo, no solo contiene la valoración de los académicos, sino que detalla la postura de cada comunidad autónoma revelando que hay el doble de territorios favorables a la armonización que los que se oponen.

Durante el proceso de elaboración del Libro Blanco, llamado a servir de hoja de ruta para el diseño de la reforma fiscal que acabe impulsando el Gobierno, el Comité de Expertos recopiló ocho decenas de propuestas de diferentes organismos e instituciones, incluyendo aportaciones de cada autonomía. En el proceso, los expertos analizaron la postura de cada territorio ante una posible limitación de sus competencias normativas en tributación patrimonial. Como resultado, detalla el Comité, «tres comunidades autónomas (Andalucía, Madrid y Murcia) se oponen claramente a restringir el ámbito actual de sus competencias normativas en el Impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones». «Otras dos (Galicia y Castilla y León) también se oponen, aunque de forma más matizada», agregan. «Finalmente, 9 comunidades se pronunciaron favorablemente, bajo distintas fórmulas», concluyen. Son Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, La Rioja y la Comunidad Valenciana.

Es decir que, sin contar con Baleares, la única del régimen común cuya voz no queda reflejada, las regiones a favor de la armonización triplican a las que se oponen frontalmente y duplican a las que son contrarios en mayor o menor medida (las cinco regiones gobernadas por el PP). El comité de expertos señala que «la competencia fiscal» a la baja en Patrimonio «se produce sólo en dos comunidades», que son Madrid (que de facto no cobra el tributo al bonificarlo al 100%) y La Rioja (que lo bonifica al 50%).

Otras cinco regiones (Andalucía, Canarias, las dos Castillas, Galicia y Murcia), «no ejercen sus competencias» y aplican la normativa estatal de Patrimonio, que fija tipos de gravamen del 0,2% al 2,5%, un mínimo exento de 700.000 euros y deja fuera hasta 300.000 euros del valor de la vivienda habitual.

En paralelo, «hay ocho comunidades que han elevado la carga fiscal en este impuesto respecto a la normativa estatal». Se trata de Aragón (que ha rebajado el mínimo exento a 400.000 euros); Asturias (con tipos de hasta el 3%); Baleares (3,45%); Cantabria (3,03%); Cataluña (con mínimo de 500.000 euros y tipos de hasta el 2,75%), Extremadura (500.000 euros y hasta el 3,75%); y Comunidad Valenciana (500.000 euros y hasta el 3,12%).

«En cambio, en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, todas las CCAA han ejercido sus competencias a la baja», reconoce el Libro Blanco. En el caso de las herencias, los expertos distinguen, sin embargo, entre las autonomías que han suprimido casi completamente el impuesto para los grupos I y II (la familia más directa, descendientes y adoptados, cónyuges, ascendientes y adoptantes), que son Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Murcia, y el resto, «que han procedido a una supresión parcial», con rebajas por discapacidad y otras casuísticas concretas.

«Muy similar es el mapa respecto a las donaciones, si bien tres comunidades de régimen común han sido más moderadas en la reducción», agrega el documento, en referencia a Asturias, Extremadura y la Comunidad Valenciana. Eso sí, la supresión ha sido casi completa en Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Madrid y Murcia, y parcial en el resto.
(Expansión, 11-03-2022)