La Eurocámara pide a la Comisión una ley que prohíba las prácticas profesionales sin remunerar

El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves una resolución en la que, entre otras medidas, pide al Ejecutivo comunitario la proposición de un instrumento jurídico que acabe con las prácticas y periodos de formación de aprendizaje sin remunerar en el seno de la Unión Europea (UE), “pues suponen una forma de explotación del trabajo de los jóvenes y una violación de sus derechos”, recoge el texto.

Con la tasa de desempleo juvenil en el 17,6% en el conjunto de la UE en agosto (frente al 14,9% previo a la crisis del Covid-19) y en tendencia ascendente, la Eurocámara insiste en que debe reforzarse la financiación de la Garantía Juvenil en el próximo periodo presupuestario que está negociándose con vistas al Marco Financiero Plurianual 2021-2027, para impulsar de esta forma el empleo de los jóvenes, “los más castigados por los efectos laborales de la crisis sanitaria y económica”. En esta línea, los eurodiputados critican la decisión del Consejo Europeo de reducir del 15% al 10% los recursos del Fondo Social Europeo (FSE+) bajo gestión compartida dirigidos a impulsar el empleo juvenil.

A su vez, instan a los Estados miembros a que se aseguren de que a los jóvenes que se inscriban en los regímenes de Garantía Juvenil “se les propongan ofertas de empleo, formación, aprendizaje o prácticas de buena calidad, variadas y adaptadas, incluida una remuneración justa”. También exigen garantizar el derecho a un trato justo y equitativo en lo que respecta a las condiciones de trabajo, lo que redunda en que los contratos de prácticas “sean escritos y jurídicamente vinculantes, que especifiquen las tareas del pasante e incluyan una remuneración digna”. El Parlamento Europeo considera también que el objetivo de esta formación debe conducir al empleo, y que las prácticas nunca deben sustituir a los puestos de trabajo.

Según los datos recabados por la Comisión Europea, uno de cada seis jóvenes que estaban empleados antes del estallido de la pandemia ha perdido su trabajo. Además, quienes lo han logrado conservar, han visto reducidas las horas de trabajo en casi una cuarta parte, y dos de cada cinco jóvenes han sufrido una merma sustancial de ingresos. El Parlamento, además, recuerda que los menores de 30 años tienen más probabilidades de ser despedidos debido al hecho de que trabajan con mayor frecuencia en la economía informal, en formas atípicas de empleo y con poca o ninguna protección social.

Por ello, la Eurocámara pide a Bruselas que asegure que la remuneración sea proporcional al trabajo realizado, las habilidades y la experiencia de la persona en cuestión y solicita a la Comisión y a los Estados miembros que, en colaboración con el Parlamento y respetando el principio de subsidiariedad, “propongan posibles vías para la introducción de un instrumento jurídico común que garantice y aplique una remuneración justa por las prácticas, los períodos de prácticas y los aprendizajes en el ámbito laboral”.

(Cinco Días, 09-10-2020)