La empresa familiar pide más flexibilidad en los ERTE para adaptarlos a la producción

Hay cientos de miles de empresas y negocios familiares que, ahora más que nunca, tienen muchísimos problemas para subsistir. En la encuesta que elaboraron en abril el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) y el Banco de España sobre este tipo de empresas, la empresa familiar, el 50% de los directivos subraya que no podrán aguantar más de seis meses con el negocio en marcha, si no les llegan los programas de ayuda que el Gobierno ha puesto en marcha para combatir los efectos económicos del coronavirus. Es decir, antes de finales de año.

Este porcentaje supone, en una extrapolación, que 550.000 empresas están en esta situación. En España hay 1,1 millones de empresas familiares, con 6,6 millones de trabajadores. Es decir, estas sociedades son el 88,8% de las compañías existentes y representa el 66,7% de todo el empleo privado, sin incluir a los empresarios y trabajadores autónomos.

Curiosamente, aunque también hay empresas que no son familiares, el número de 550.000 sociedades con problemas para seguir adelante coincide con las que, hasta ahora, se han acogido a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. Igual que los 3,4 millones de trabajadores afectados por los expedientes, representan un poco más de la mitad de los asalariados de las empresas familiares en toda España.

En cualquier caso, el informe, en el que también ha participado el IESE, dice que el 86% de las empresas familiares ha visto reducida su actividad, mientras que el 42% ha experimentado caídas superiores al 60% o, incluso, ha tenido que parar su actividad. Un 30% de las empresas familiares ha sufrido un desplome superior al 80% en sus resultados. En estas circunstancias, el Instituto de la Empresa Familiar difundió ayer una batería de medidas para “relanzar la empresa e impulsar el empleo” después de la crisis del coronavirus.

La primera propuesta es que el Gobierno se haga cargo de una parte del salario del trabajador en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). De esta forma, la empresa familiar estima que el Gobierno le saldría más barato esta prestación que pagar a un trabajador toda la cuantía a la que tiene derecho mientras no trabaja. Es decir, garantizar que todo el mundo esté ocupado o en formación, en lugar de estar en paro.

El instituto plantea que los ERTE se amolden a la actividad de la empresa. No por un tiempo fijo, sino que las empresas puedan activar este sistema flexiblemente, con entradas y salidas de los trabajadores. Los empresarios también reclaman al Ejecutivo nuevos sistemas de financiación, más allá de los 100.000 millones de euros de créditos que está habilitando para dotar de liquidez a las empresas. Más recursos “para las empresas que mantengan el empleo en el futuro”. El IEF también pide nuevas moratorias fiscales.
(Cinco Días, 29-05-2020)