Contratar discapacitados para cumplir el cupo no justifica el despido de otros empleados.

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Las empresas no pueden alegar sobredimensionamiento de la plantilla para despedir a un empleado por el hecho de incorporar el cupo mínimo de trabajadores con discapacidad exigido por ley. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha ha declarado improcedente el despido de una trabajadora al resultar obligada la empresa a la contratación de dos trabajadores discapacitados para cumplir con la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad. La sentencia, de1 17 de julio de 2018, asegura que “no se considera exorbitante exigir a la empresa que, cuanto menos, procurase remediar su propio incumplimiento sin irrogar perjuicios innecesarios a los trabajadores de su plantilla”.

La empresa para la que trabajaba justificó su despido por la necesidad de reorganizar el departamento al incorporar en su puesto a un trabajador con discapacidad. A raíz de un requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la compañía se vio obligada a contratar en el plazo de un mes a dos trabajadores con discapacidad para cumplir con la normativa reguladora prevista en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social que establece una cuota del 2% de reserva de puestos de trabajo a discapacitados.

La carta de despido justificaba la medida en el cumplimiento de esta obligación legal y la duplicidad de puestos que había provocado. Una consecuencia “inevitable” debido a la imposibilidad de mantener en plantilla a ambos trabajadores. Dado que la empleada despedida había rechazado la reducción de jornada propuesta por la compañía, no existía, afirmaba la empresa, otra solución viable.

Sin embargo, el Juzgado de lo Social nº 1 de Ciudad Real declaró improcedente el despido al considerar que no estaba suficientemente justificado, decisión que confirmó el TSJ de Castilla-La Mancha en su sentencia. Tal y como explican los magistrados, el empresario debió argumentar y demostrar que no se intentaron otras medidas menos perjudiciales para la plantilla, como, por ejemplo, la contratación de los trabajadores con discapacidad en otros puestos.

Además, se subraya, no es razonable que el incumplimiento empresarial de la obligación de reserva de puestos a discapacitados se haga recaer sobre la demandante. En realidad, se indica, el puesto de trabajo de la demandante no fue amortizado, sino que simplemente fue sustituida por un trabajador con discapacidad.
(Cinco Días, 21-12-2018)

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