Primera sanción del 150% de la cuota del IRPF por la declaración de bienes en el extranjero

Hacienda ya ha impuesto una sanción máxima a un contribuyente que declaró los bienes en el extranjero pero fuera de plazo. La presentación se debía haber presentado entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2013, pero no se hizo. No hubo, sin embargo, requerimiento o notificación previa por parte de la Agencia Tributaria. Fue el contribuyente quien voluntariamente presentó la declaración. El valor de los bienes situados fuera de España ascendía a 340.000 euros depositados en fondos de inversión y en acciones (apenas 899 euros).

Este pensionista andaluz ha sido el primero en ser multado con un 150% de lo declarado. Esta persona declaró voluntariamente que tenía en Suiza unos 340.000 euros ya prescritos. Ahora se le reclama por IRPF 185.000 euros, incluidos intereses al imputarle los 340.000 euros como ganancia patrimonial no justificada en el IRPF de 2012 y una sanción de unos 254.000 euros, el 150% de la cuota IRPF, es decir, un total de 439.000 euros. Además, Hacienda acuerda el embargo cautelar de los bienes que el pensionista tiene en España.

La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento contra España por una posible infracción al principio europeo de libertad de circulación de capitales.

El pasado abril, la Agencia Tributaria informó de que continuaba con el análisis de los más de 7.000 contribuyentes preseleccionados para comprobación inspectora por no haber presentado el modelo 720 de declaración de bienes y derechos situados en el extranjero -debiendo hacerlo, de acuerdo con la información que tiene la Agencia-, o bien por haber efectuado la declaración de manera incorrecta, tanto por presentación fuera de plazo como por haber obviado la presentación en 2013 de bienes y derechos que poseían entonces, pero no declararon hasta el año 2014.

Riesgo patrimonial

Todos los extranjeros residentes en España, unos 2 millones, se pueden enfrentar a esta situación, que tiene un claro efecto expropiatorio, asegura Salinas. Sin embargo no se expondrían a este riesgo si trajeran su patrimonio a España.
Este es, de hecho, uno de los asuntos más controvertidos de la regulación del modelo 720, pues fuerza a traer los capitales a España con el fin de evitar que un pequeño error u omisión en las declaraciones 720, actuales o futuras, active sus desproporcionados efectos expropiatorios. Igualmente los españoles que quieran colocar parte de su patrimonio en otro país de la Unión Europea también se verían afectados por el riesgo de presentar indebidamente el modelo 720.

Por este motivo y por la imprescriptibilidad, la Comisión Europea ha iniciado un procedimiento contra España por una posible infracción al principio europeo de libertad de circulación de capitales y por una desproporción entre el fin perseguido y los medios empleados con el 720.

 

(Expansión y El Confidencial, 03-06-2015)