El Consejo General de Economistas presentó ayer sus propuestas sobre esta reforma pendiente, donde plantea que el nuevo modelo acabe con “un reparto arbitrario de recursos” en el que se penaliza a las comunidades que más recaudan. Para ello, los economistas abogan por mantener la solidaridad interterritorial mediante “mecanismos de nivelación más sencillo”, pero “respetando el principio de ordinalidad”.

En el documento, el Consejo General de Economistas apuesta por eliminar los denominados fondos de suficiencia y de convergencia, al tiempo que reclaman reducir la contribución obligatoria de las autonomías al fondo de garantía de servicios públicos para que pase del actual 75% de su recaudación tributaria al 60%. Todo ello, con el fin de evitar que, como evidencian en el estudio, los mecanismos de compensación acaben generando una distribución “errática” de lo que cada comunidad recibe por habitante.

Así, Madrid y Catalunya, pese a encabezar el ranking en ingresos tributarios, quedan relegados al puesto undécimo y décimo respectivamente cuando se tienen en cuenta los recursos per cápita que reciben del sistema de financiación. “No es de recibo que pueda haber una dispersión tan brutal en la financiación por habitante; es necesario un equilibrio entre corresponsabilidad y solidaridad”, opinó Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Tanto Rubio como el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, señalaron además que, a diferencia de anteriores reformas, el debate se plantea sin expectativas de ingresos adicionales por parte del Estado. Ambos concluyeron que, ante esta situación, la condonación total o parcial del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) se convierte en una baza para buscar el consenso entre las comunidades.

(La Vanguardia, 16-06-2016)