El Gobierno del PP ultima un acuerdo con el PSOE para aprobar el detalle del plan presupuestario que enviará a Bruselas en las próximas semanas. En el documento incluirá medidas para garantizar a la Comisión Europea que bajará el déficit público del 4,6% del PIB al 3,1% en 2017. Esto supone un ajuste de cerca de 15.000 millones, aunque buena parte procederá del mayor crecimiento económico.

Para cumplir con estos compromisos, el Ejecutivo ultima un paquete de medidas para subir la recaudación en torno a 8.000 millones de euros el próximo año. La mayor parte de este aumento de ingresos, unos 5.000 millones, procederá del impuesto de sociedades. Para arañar esta cantidad, limitará algunas de las deducciones y bonificaciones que disfrutan las empresas. Entre ellas, estrechará los beneficios de los gastos financieros, y las deducciones de las plusvalías procedentes de filiales en el extranjero.

Otros 2.000 millones de euros procederán de la subida de impuestos especiales. Subirá la tributación sobre el tabaco, para ajustarse a la normativa europea, los impuestos sobre las bebidas alcohólicas y establecerá un gravamen sobre las bebidas azucaradas. Este tipo de impuestos se establecen para gravar lo que los expertos denominan “externalidades negativas”, actividades perjudiciales para el medio ambiente o la salud.

El resto de la subida de ingresos, unos 1.000 millones, llegará a través de medidas de lucha contra el fraude. Para ello pondrá en marcha un instrumento de gestión del IVA que obligará a las grandes empresas a informar de forma automática a la Agencia Tributaria de todas las operaciones que lleven IVA. Esta medida ya se planteó durante la pasada legislatura pero no terminó de ponerse en marcha por la reticencia de las grandes empresas.

Dentro de las medidas contra el fraude también limitará los pagos en efectivo a 1.000 euros. En 2012, ya prohibió las operaciones en metálico de más de 2.500 euros. Es una medida que servirá para concienciar a la opinión pública sobre el fraude pero en realidad su eficacia es limitada por la dificultad de perseguir todas las operaciones superiores a esta cantidad.

La Agencia Tributaria también endurecerá el régimen de aplazamientos que solicitan los contribuyentes. Las arcas públicas acumulan una deuda de más de 10.000 millones de euros pendientes de cobro por aplazamientos. Muchos de ellos son acuerdos con empresas en suspensión de pagos o con dificultades financieras. El ministro aseguró el otro día desde el Congreso que en el escenario de bajos tipos de interés no tiene explicación que las empresas se financien a costa de las arcas públicas.

Junto a estas iniciativas, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado este miércoles que pondrá en marcha un plan de transformación de la Administración Pública para 2017-2019, que supondrá un ahorro de 900 millones de euros durante el próximo año.

(Cinco Días, 01-12-2016)