No hay duda de que la hostelería y el turismo están impulsando el aumento del empleo y la disminución del paro. Las oficinas de empleo han contabilizado durante el mes de julio un descenso del paro en casi 84.000 personas y un aumento de los cotizantes en 84.721 personas. Tampoco es difícil pronosticar que durante los próximos meses continuará la caída del paro, porque España se ha instalado en una senda de crecimiento y porque el turismo se ha convertido en un motor del crecimiento.

Hay que insistir en que esta situación, obviamente mejor que la de 2014 y 2015, tiene que analizarse en conjunto con otros factores decisivos para configurar el futuro de la economía. No es necesario subrayar el problema de la precariedad del empleo que se genera ni la obviedad de que, como en 2007, el crecimiento pende del turismo y la construcción, precisamente las actividades más vulnerables a los efectos de una eventual crisis. La recesión, ya superada, no nos ha enseñado la lección de que la productividad real del sistema debe aumentar y que el crecimiento debe sustentarse en mercados más innovadores que el turismo y el ladrillo.

El grado de bienestar social, que es lo que hay que empezar a medir, no lo dan los contratos a un mes ni los microsalarios, por más que sea mejor que nada y que así se mejoren las estadísticas macroeconómicas. Tiene más que ver con la percepción de que el Estado financia un gasto social adecuado, para sanidad, educación o, por cierto, en prestaciones y subsidios a los desempleados. El Gobierno en funciones, que no cesa de felicitarse por el descenso del paro, también está obligado a explicar públicamente por qué la tasa de cobertura del desempleo baja en picado; y por qué guarda silencio sobre este aspecto crucial para la estabilidad social. Confiemos en que el Gobierno que salga de la investidura se preocupe más por el bienestar y menos por las estadísticas.

 

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