La asociación hizo firme su denuncia ante la fiscalía de la Audiencia Nacional cargando concretamente contra los miembros del Ayuntamiento de Madrid Carlos Sánchez Mato, responsable del área de Economía y Hacienda, y José Antonio Díaz de Cerio, director del organismo autónomo de la Agencia Tributaria, y haciendo extensible su acusación contra “todos aquellos responsables municipales de los tributos en los distintos ayuntamientos de España”, en relación al cobro del Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, usualmente conocido como impuesto de plusvalías.

El Tribunal Constitucional declaró “inconstitucionales y nulos los artículos que someten a tributación situaciones donde no hay incremento del valor en una vivienda”, exponen desde Asufin, donde recuerdan que ante ese pronunciamiento “no caben excusas” para demorar una corrección sobre su aplicación generalizada.

“Tanto los ayuntamientos como el presidente de la FEMP han declarado que están esperando a que el gobierno legisle al respecto, ignorando que las sentencias del Tribunal Constitucional son de obligado y automático cumplimiento”, clama Patricia Suárez, presidenta de Asufin, reclamando que no se puede permitir “que los ayuntamientos sigan cobrando un impuesto ilegal”.

“Los ayuntamientos han seguido cobrando la plusvalía en casos sin beneficios, a sabiendas de que están incumpliendo la sentencia”, denuncia Asufin, que avanza que presentará una querella por prevaricación administrativa contra estos municipios si la fiscalía encuentra indicios del delito de prevaricación administrativa al que aluden en su denuncia.

(El País, 27-09-2017)