Airbnb informará a la Agencia Tributaria de pagos y cobros ligados a los alojamientos

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La compañía con sede en San Francisco ha enviado a sus clientes de todo el mundo una notificación en la que informa sobre la actualización de su política de servicios, de pago de los servicios y de privacidad. La nueva versión de las dos primeras entrará en vigor el próximo 27 de junio para todos los clientes, tanto antiguos como nuevos, mientras que las nuevas condiciones de privacidad se actualizarán el próximo 25 de mayo.

Y es en este último apartado donde reside la principal novedad en la política de la compañía, que se pliega en España a los requisitos de Hacienda (se había negado a aportar datos de sus clientes salvo mandato judicial) y que a partir del próximo 25 de mayo sí lo hará. En el punto 3.9 de las nuevas condiciones de privacidad, la compañía establece que los anfitriones y huéspedes, cuando así lo autorice la legislación aplicable, “nos otorgan autorización de manera expresa, sin mediar notificación adicional, para divulgar datos de los anfitriones y huéspedes y demás información relativa a ambos o a sus transacciones, reservas, alojamientos e impuestos sobre el alojamiento a las agencias tributarias pertinentes, incluidos entre otros datos el nombre del anfitrión o del huésped, las direcciones del anuncio, fechas e importes de transacciones, NIF/CIF e información de contacto, así como el importe de impuestos que los anfitriones hayan recibido de los huéspedes (o que estos adeuden a los primeros)”.

Este era el principal punto de fricción entre Hacienda y Airbnb. Hacienda aprobó a finales de 2017 un decreto en el que obligaba a las plataformas a aportar información sobre sus clientes y los ingresos que percibían. Los requisitos se perfilaron en un borrador de reglamento que fijaba que el primer envío de información se produciría en octubre, con los datos correspondientes al tercer trimestre (julio a septiembre) y que a finales de año aportaría el resto de la información de 2017. La compañía se había negado a aportar los datos si no era por mandato judicial, mientras que Hacienda le había amenazado con sanciones millonarias si no lo hacía, que podrían llegar hasta los 2,4 millones.

Es el segundo paso en esa dirección que toma la compañía con sede en San Francisco, que ya anunció hace dos semanas el acuerdo suscrito con la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) con tres ejes: la creación de una web específica (www.anfitrionesresponsables.com), en la que se ofrece información fiscal y se trata de aclarar las deudas más recurrentes a anfitriones y huéspedes; un servicio personalizado de asesoría para los clientes de Airbnb y la realización de seminarios sobre el pago de impuestos.

La amenaza de Hacienda parece haber pesado más que el balón de oxígeno que le ofreció la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el pasado 20 de marzo, cuando requirió a la Agencia Tributaria que realizara modificaciones sobre la obligación de información en materia tributaria a las plataformas como Airbnb. Hacienda ya contestó que la CNMC solo cuestionaba una parte del decreto, que habría que esperar a la impugnación y si finalmente se le daba la razón.

(Cinco Días, 24-04-2018)

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